Colombia – La Fiscalía citó a interrogatorio de indiciado a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en medio de una investigación por la compra de un penthouse de lujo vinculada a Serafino Iacono, generando cuestionamientos sobre posibles irregularidades y conflicto de intereses.
La citación formal se emitió hoy y sitúa a Roa en calidad de sospechoso por presuntas irregularidades en la adquisición de la propiedad en un sector exclusivo del norte de Bogotá. El inmueble fue comprado a un precio considerado “de ganga” mediante un acuerdo comercial con una empresa ligada al empresario canadiense Serafino Iacono, quien mantiene intereses en Ecopetrol y sus filiales.
La operación, anterior a su nombramiento como presidente de Ecopetrol en diciembre de 2023, ha despertado alertas sobre la transparencia del acuerdo y el origen de los fondos utilizados para la compra. Documentos internos de la empresa muestran que el Comité de Auditoría y Riesgos evaluó entre agosto y noviembre de 2024 los posibles “escenarios de riesgo” vinculados a esta transacción.
En mayo de 2025, Ecopetrol amplió un contrato con Covington & Burling LLP por cinco millones de dólares, destinado a evaluar riesgos de corrupción relacionados con esta compra y otras denuncias previas. Hasta el momento, no se han reportado reacciones oficiales de Roa o de la empresa al cierre de la información a las 15:30 GMT del 5 de diciembre de 2025.
Roa, ingeniero de profesión, asumió la presidencia de Ecopetrol respaldado por el gobierno de Gustavo Petro. Antes de su nombramiento, fue gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022, lo que lo vincula a investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta financiación irregular, reactivadas en octubre de 2024.
La Procuraduría mantiene abiertas cinco indagaciones disciplinarias contra Roa, incluyendo presuntos conflictos de interés por contratos estatales adjudicados a su pareja, Julián Caicedo Cano, quien recibió contratos con Invías y otras entidades por más de 2.000 millones de pesos entre 2023 y 2025. Caicedo fue llamado a juicio disciplinario en junio de 2025.
El CNE remitió copias a la Fiscalía en noviembre de 2025 por exceder topes de financiación en la campaña de Petro, lo que podría acarrear sanciones penales y económicas para Roa. En 2024, el presidente de Ecopetrol había prometido renunciar si alguna investigación afectaba la imagen de la compañía, pero la decisión no se ha concretado.
La transacción bajo investigación involucra a Serafino Iacono, empresario canadiense con historial en el sector hidrocarburos y participaciones en empresas vinculadas a Ecopetrol. El apartamento vendido a Roa pertenecía a Princeton International Holdings Ltd., firma de Iacono registrada en un paraíso fiscal. La compra se realizó antes de que Roa asumiera la presidencia y fue pagada parcialmente a través de terceros, complicando la trazabilidad de los fondos.
El precio pagado por el penthouse se considera “de ganga”, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia del acuerdo y la posibilidad de un beneficio encubierto. Posteriormente, Ecopetrol contrató a Covington & Burling LLP con el objetivo de revisar riesgos reputacionales y legales relacionados con esta compra, ampliando el contrato de 875.000 dólares a 5,8 millones, lo que ha generado cuestionamientos sobre conflicto de interés y manejo discrecional de información vinculada al caso.
Además del caso del penthouse, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Procuraduría iniciaron en noviembre de 2025 una indagación preliminar sobre supuestos rastreos irregulares a funcionarios, contratistas y líderes sindicales de Ecopetrol, entre ellos el expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, y el ministro de Minas, Edwin Palma. Ecopetrol firmó un convenio con la UIAF para verificar listados de nombres de personas vinculadas a la empresa.
Ecopetrol ha enfrentado escrutinio por otras decisiones estratégicas, como el desistimiento de la compra de CrownRock en Estados Unidos en 2024, motivado por la oposición al fracking del gobierno. La acción de la compañía cotiza en torno a 1.820 dólares en la Bolsa de Valores de Colombia, cifra que refleja la percepción del mercado frente a la gestión de riesgos y la gobernanza corporativa.
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El caso del penthouse añade un elemento de tensión sobre la supervisión interna y la conducta de los altos directivos. La combinación de investigaciones disciplinarias, penales y financieras establece un marco complejo de evaluación legal y reputacional para Roa y para Ecopetrol.
La Fiscalía continúa con la recolección de evidencias y la citación formal marca el inicio de una etapa procesal más activa, en la que se evaluarán documentos financieros, contratos y posibles conflictos de interés. La atención de los entes de control y la opinión pública se concentra en las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas, dado el alcance corporativo y político del caso.
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