Colombia – Estados Unidos descertificó parcialmente a Colombia en la lucha antidrogas, tras 30 años de cooperación bilateral, señalando que bajo el gobierno de Gustavo Petro el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord sin cumplir las metas de erradicación. La medida condiciona la asistencia estadounidense a resultados concretos, generando un fuerte mensaje diplomático y político.
La Administración Trump, mediante un memorando presidencial, responsabiliza directamente al gobierno central de Petro por el incumplimiento de los compromisos antidrogas, diferenciando a las instituciones de seguridad y autoridades locales, a las que reconoce compromiso y valor. Según el documento, “el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas”.
Aunque la descertificación es parcial, mantiene la cooperación antinarcóticos considerada vital para los intereses de Estados Unidos. Esto significa que Colombia seguirá recibiendo apoyo militar y programas de seguridad, pero bajo presión para mostrar avances concretos en erradicación de cultivos y reducción de producción de cocaína. Geoff Ramsey, asesor del Atlantic Council para asuntos de Colombia, confirmó que el Congreso estadounidense no puede revertir la determinación, pues corresponde exclusivamente al presidente.
Impactos y alcances
En la práctica, la descertificación implica riesgos económicos y diplomáticos: además de la posible pérdida de recursos en ayuda militar, programas sociales y económicos, podría afectar créditos de la banca multilateral como FMI, BID y Banco Mundial, así como sanciones arancelarias en escenarios extremos. Sin embargo, la decisión parcial otorga un alivio temporal, evitando que se impongan sanciones inmediatas.
El memorando de Washington critica que “el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”, y coloca a Colombia en el mismo grupo de países que han fallado de manera demostrable, como Bolivia, Birmania y Venezuela. La Casa Blanca también reconoce que las instituciones de seguridad y autoridades municipales “siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales”.
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Desde que asumió la presidencia en 2022, Gustavo Petro modificó la estrategia antidrogas, suspendiendo la erradicación forzada de cultivos de coca, materia prima de la cocaína, y buscando acuerdos con grupos narcoterroristas. Este viraje, junto con críticas a la política migratoria de Donald Trump y la presencia de buques estadounidenses en el Caribe, ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En respuesta a la descertificación, Petro anunció que las Fuerzas Militares dejarán de depender del armamento estadounidense. “No más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, afirmó durante un consejo de ministros, instruyendo al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a producir o adquirir los recursos necesarios con medios propios.
Producción de cocaína y cultivos
Según datos de la ONU publicados en 2024, Colombia alcanzó cerca de 253.000 hectáreas de coca sembradas y produjo al menos 2.600 toneladas de cocaína en 2023, cifras récord en tres décadas. Estos números reflejan la magnitud del desafío para el gobierno colombiano y justifican, según Estados Unidos, la presión para que se adopten medidas más agresivas en la erradicación y control del narcotráfico.
La descertificación no es inédita en la historia del país. Durante el gobierno de Ernesto Samper, la herramienta se aplicó primero de manera parcial y luego total en 1996 y 1997, en medio del escándalo del proceso 8.000. En esa ocasión, Colombia denunció que la medida funcionó como un mecanismo de presión política, similar a la advertencia actual de Washington, aunque sin afectar la asistencia inmediata.
Exigencias y expectativas de EE.UU.
El memorando de la Casa Blanca advierte que para revertir la descertificación, el gobierno colombiano debe adoptar medidas agresivas para erradicar la coca, reducir la producción y el tráfico de cocaína, y colaborar con la justicia estadounidense para procesar a los líderes de las organizaciones criminales. La asistencia, aunque mantiene apoyo en seguridad, queda condicionada a resultados concretos y a un seguimiento riguroso por parte de las agencias estadounidenses.
La medida envía un mensaje público de desconfianza hacia la estrategia antidrogas de Petro, a la vez que reconoce el valor de las autoridades locales y de las fuerzas de seguridad que continúan combatiendo el narcotráfico en territorio colombiano.
Perspectiva diplomática y regional
La descertificación genera un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, que históricamente ha estado marcada por cooperación en seguridad, lucha antidrogas y asistencia económica. Aunque la medida no implica sanciones inmediatas, la presión política y diplomática se intensifica, afectando la imagen internacional del país y condicionando futuros acuerdos de cooperación.
Analistas destacan que la decisión refleja un cambio en la política estadounidense bajo Donald Trump, utilizando la descertificación como herramienta de presión geopolítica, incluyendo la posibilidad de restringir acceso a financiamiento multilateral o imponer sanciones económicas en caso de incumplimiento.
El país sigue en un escenario delicado: mantener la cooperación con Estados Unidos, responder a las exigencias internacionales y, al mismo tiempo, implementar su estrategia interna de lucha contra el narcotráfico, sin depender del armamento ni recursos externos. La tensión entre soberanía nacional y obligaciones internacionales será un tema clave en los próximos meses.
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