Guatemala - El Gobierno de Guatemala rechazó oficialmente la decisión de su propia Fiscalía de emitir órdenes de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador colombiano Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG. A través de un comunicado emitido el lunes 3 de junio, la administración del presidente Bernardo Arévalo cuestionó la legalidad de la acción judicial, afirmando que contraviene acuerdos internacionales y el marco del Derecho Internacional.
El documento destaca que las órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía de Guatemala atentan contra el Acuerdo de Creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito con la Organización de Naciones Unidas, y contra los principios de cooperación internacional establecidos en la Carta de la ONU y de la OEA. "El Gobierno de la República manifiesta su rechazo y preocupación ante las órdenes de aprehensión emitidas por jueces y fiscales sujetos a señalamientos por su participación en actos de corrupción", señala el pronunciamiento.
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Según el gobierno guatemalteco, la decisión judicial representa un uso político del sistema penal, en el que se busca criminalizar el actuar de quienes participaron en el combate a la corrupción. En ese sentido, el Ejecutivo recordó que varios de los funcionarios que emitieron las órdenes han sido vinculados a procesos judiciales o sancionados por la comunidad internacional.
En Colombia, la Cancillería también se pronunció de manera oficial. La ministra Laura Sarabia rechazó las órdenes de captura y sostuvo que la medida carece de fundamento jurídico y vulnera principios fundamentales del Derecho Internacional. "Lamentamos que se utilicen herramientas judiciales con propósitos ajenos a la justicia. Apoyamos la labor de nuestra fiscal general y respaldamos al embajador Velásquez", expresó la funcionaria.
Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en Guatemala, fue comisionado de la CICIG entre 2013 y 2019. Desde su cuenta de X, señaló que la actuación de la Fiscalía representa una "prolongación de la persecución" contra quienes participaron en la comisión. Agregó que los fiscales y jueces responsables de esta decisión están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.
"Reitero mi solidaridad con los exfiscales, exfuncionarios de la CICIG y exjueces que se han visto obligados al exilio por estas mismas prácticas. Esta es una acción que pretende mantener la impunidad de quienes han dañado a Guatemala", escribió Velásquez en su mensaje.
El fiscal Rafael Curruchiche, por su parte, justificó la solicitud de captura afirmando que Camargo y Velásquez habrían conformado una estructura criminal con exintegrantes de la CICIG, supuestamente orientada a favorecer a la constructora Odebrecht en acuerdos judiciales. Se les atribuyen delitos como abuso de autoridad, asociación ilícita y obstrucción de la justicia.
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Curruchiche señaló además que esta estructura habría provocado pérdidas por más de 380 millones de quetzales al Estado guatemalteco. Anunció que el Ministerio Público solicitó la emisión de una alerta roja a Interpol para lograr la captura internacional de los implicados.
El caso ha escalado a nivel diplomático con posiciones enfrentadas entre las instituciones judiciales y los gobiernos. Mientras la Fiscalía guatemalteca avanza con el proceso, los gobiernos de Colombia y Guatemala coinciden en considerar que se trata de una acción que pone en riesgo la cooperación internacional y los principios del derecho entre Estados.
