Colombia – La reforma laboral del Gobierno quedó prácticamente archivada tras la radicación de la ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado. Ocho de los catorce senadores que conforman la comisión firmaron en contra del proyecto, cerrando la puerta a una de las principales apuestas del Ejecutivo en materia laboral.
La ponencia negativa fue respaldada por Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade, Nadia Blel y Miguel Ángel Pinto (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres). Mientras tanto, Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), junto con Omar Restrepo (Comunes), intentaron defender la iniciativa gubernamental sin éxito.
Los senadores que radicaron la ponencia de archivo argumentaron que la reforma no combate la informalidad ni fomenta el empleo, además de carecer de un respaldo fiscal claro. Señalaron que la iniciativa es inconstitucional al afectar derechos sindicales y tratados internacionales firmados por Colombia, y que muchas de sus disposiciones podrían tramitarse mediante leyes ordinarias sin necesidad de una reforma estructural. La senadora Lorena Ríos lideró un análisis técnico con gremios, sindicatos y expertos, evidenciando fallas estructurales en el proyecto.
La decisión representa un nuevo golpe para el Gobierno, que ha enfrentado una constante oposición en el Congreso. El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato, asegurando en su cuenta de X que esta medida "rompe las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo". Su declaración refleja la creciente tensión entre el Gobierno y un Congreso que le ha bloqueado otras reformas clave.
En los próximos días, la Comisión Séptima del Senado deberá votar formalmente la ponencia de archivo. De ratificarse la decisión, el fracaso de esta reforma se sumaría a una serie de reveses legislativos que han evidenciado la dificultad del Ejecutivo para consolidar mayorías en el Legislativo. La reforma tiene hasta el 16 de junio para lograr su aprobación en los dos debates que le restan, o quedará definitivamente archivada.
El proyecto, impulsado por el Ministerio del Trabajo, proponía modificaciones en la contratación y el fortalecimiento de los derechos laborales. No obstante, los opositores argumentaron que la propuesta no tenía respaldo fiscal suficiente y que generaría inseguridad jurídica para las empresas, aspectos que terminaron por inclinar la balanza en su contra.
Los gremios empresariales también expresaron su rechazo a la reforma, argumentando que esta no respondía a las necesidades del mercado laboral y podría afectar la estabilidad de las empresas. Aliadas, una coalición de asociaciones y gremios, señaló que la iniciativa carecía de una evaluación de impacto económico y social, lo que generaba incertidumbre en el sector productivo. Adicionalmente, advirtieron que los costos adicionales en materia de contratación podrían afectar la generación de empleo y la competitividad de las compañías, debilitando aún más la economía del país.
El hundimiento de la reforma pone en entredicho la viabilidad de la agenda legislativa del Gobierno, que sigue enfrentando obstáculos incluso dentro de sectores políticos que inicialmente mostraban disposición a negociar.
