Barranquilla - La Gobernación del Atlántico emitió un comunicado el pasado domingo para aclarar y defender la legalidad de los contratos suscritos con la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Según el comunicado, ambas partes cumplieron con los requisitos establecidos por la normatividad vigente y los principios de contratación administrativa.
Los acuerdos en cuestión tenían como propósito establecer Centros de Vida Móviles para atender a personas mayores, en respuesta a los desafíos planteados por la pandemia en la salud y bienestar de esta población en varias áreas del departamento. La Gobernación subrayó que la Fundación aportó el 30 % del valor total del proyecto, demostrando su compromiso y capacidad.
La transparencia del proceso fue enfatizada a través de la invitación a otras organizaciones sin fines de lucro, siguiendo el Decreto 092, con el objetivo de fomentar una ejecución colaborativa del proyecto. La convocatoria fue anunciada en la página web oficial de la Gobernación.
La administración departamental respalda sus afirmaciones con informes de ejecución y supervisión que confirman la implementación exitosa de los contratos. Toda la documentación relacionada, junto con estos informes, está disponible en la plataforma transaccional de SECOP II.
Los señalamientos se refieren a un convenio por 400 millones de pesos firmado en 2021 para prestar atención a adultos mayores y a otro por 870 millones de pesos que se desarrolló durante 2022 para atender a niños discapacitados.
El fiscal Mario Burgos ha señalado a figuras clave como Petro Burgos, Day Vásquez, Pedro Name y Gustavo De la Ossa de haberse reunido con la supuesta intención de manipular la adjudicación y ejecución de los contrato para la atención de adultos mayores. Se les imputan maniobras delictivas para desviar los recursos destinados a la ejecución del proyecto.
Según las acusaciones, esta reunión habría tenido como objetivo influir en la adjudicación del contrato y posteriormente en su implementación. Se alega que estas figuras habrían buscado aprovecharse de los fondos destinados a la atención de adultos mayores, en un aparente acto de apropiación indebida.
En medio de las inquietudes planteadas, la Gobernación del Atlántico mantiene su postura sobre la integridad del proceso de asociación con la Fundación Conciencia Social, argumentando que se llevó a cabo conforme a las regulaciones establecidas. La defensa de la legalidad y transparencia de estos contratos se presenta como esencial para generar confianza en la gestión pública y en la atención proporcionada a los adultos mayores en la región.
