Los representantes de los gremios comerciales establecidos en la ciudad sostuvieron este miércoles un encuentro con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, en el que manifestaron el respaldo a las acciones, el compromiso y disposición para trabajar articuladamente con las diferentes autoridades administrativas y policiales en pro de la seguridad en la ciudad.
En este sentido reiteramos el apoyo a las medidas y acciones llevadas a cabo por la administración distrital para devolver la tranquilidad a los barranquilleros, crear espacios seguros para el progreso de la capital del Atlántico, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y brindar oportunidades que garanticen equidad en nuestro territorio.
Los agremiados manifiestan su acuerdo con la necesidad de crear herramientas jurídicas para desarmar a los delincuentes o a personas que porten armas de manera ilegal, ya que esto dinamiza los comportamientos delictivos y el accionar de las estructuras criminales. Así mismo, salvaguardar la confidencialidad de la denuncia para no exponer a los comerciantes y ciudadanos a la reacción de los delincuentes.
En esa misma línea validaron la necesidad imperiosa de hacer cambios en la política criminal, entendiendo que este tema es de resorte nacional y debe ser impulsado por decisiones del alto Gobierno.
Dichas decisiones, relacionadas con el endurecimiento de penas o la eliminación del beneficio de excarcelación en delitos de alto impacto como extorsión, homicidio, hurtos violentos, etc., repercutirían positivamente en los servicios de justicia, contribuirían a la descongestión del sistema judicial y favorecerían a la reducción de la impunidad y la reincidencia.
En consonancia con la necesidad de generar debates respecto a las decisiones judiciales confusas, los gremios no entienden por qué delincuentes de alta peligrosidad se ven beneficiados por el otorgamiento de la detención o prisión domiciliaria.
La cadena de la seguridad también involucra al sistema carcelario y, por ende, es necesario revisar posibles casos de corrupción al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, siendo esta entidad la responsable directa de la ejecución de penas y la custodia de las personas privadas de la libertad.
Lo anterior, teniendo en cuenta los casos conocidos de extorsión desde el interior de las cárceles y las detenciones domiciliaras que no cuentan con la vigilancia que se requiere por parte del INPEC.
Es importante señalar que en el departamento Atlántico hay un total de 6.796 personas con detención domiciliaria según reportes del INPEC, de las cuales el 91% corresponden a detención y prisión domiciliaria, y solo el 9% son detenciones con dispositivo electrónico.
Dejamos constancia del contundente y rotundo rechazo a la delincuencia en Barranquilla, comprometiéndonos a cerrar filas contra la criminalidad, la violencia y cualquier práctica que ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, y a trabajar de manera articulada con las autoridades.
