Colombia - El Ministerio de Justicia y del Derecho ha implementado una nueva politica en el sistema penal colombiano, ofreciendo 2.479 cupos para que mujeres cabeza de familia, condenadas por delitos de trafico de estupefacientes y hurto, puedan sustituir sus penas de prision por trabajos comunitarios. Este enfoque busca brindar una salida a las mujeres que, bajo condiciones de vulnerabilidad, se vieron involucradas en actividades ilicitas, dandoles una oportunidad para reintegrarse a la sociedad y continuar atendiendo a sus familias.
Camilo Umana Hernandez, viceministro de Politica Criminal y Justicia Restaurativa, destaco que las beneficiarias de esta medida deben cumplir con ciertos requisitos, como tener condenas inferiores a ocho anos. "Este es un esfuerzo por permitir que estas mujeres no solo paguen su deuda con la sociedad, sino que lo hagan de una manera que tambien les permita reconstruir sus vidas y relaciones familiares", senalo Umana.
La Ley 2292 de Utilidad Publica, que sustenta esta iniciativa, es pionera en el pais al ofrecer una alternativa penal con enfoque de genero. Bajo esta norma, en lugar de cumplir sus condenas en prision, las mujeres pueden participar en actividades de servicio comunitario que tengan un impacto positivo en la comunidad. A la fecha, 73 internas ya han recibido decisiones favorables para acogerse a esta alternativa, y cerca de 2.000 solicitudes estan en proceso de revision por parte de jueces de ejecucion.
El viceministro Umana enfatizo que hasta el momento no se han registrado casos de reincidencia entre las mujeres que han optado por esta medida, lo cual, segun el, demuestra la eficacia del enfoque restaurativo. "Lanzar una medida de este tipo ha sido un desafio significativo para el pais, que ahora se enfrenta al reto de pasar de un enfoque punitivo a uno restaurativo", subrayo.
La implementacion de esta medida ha contado con el apoyo de diversas entidades y organizaciones no gubernamentales que han proporcionado los cupos necesarios para los trabajos comunitarios. En todo el pais, 16 entidades publicas y seis territoriales han colaborado en la ejecucion de esta medida, lo que ha permitido que un numero creciente de mujeres acceda a esta alternativa a la carcel.
En este contexto, dos mujeres han completado la totalidad de su pena mediante trabajos comunitarios en las ciudades de Armenia y Barbosa (Antioquia), lo que sienta un precedente en la aplicacion de esta ley. Las autoridades esperan que mas regiones del pais adopten esta iniciativa y repliquen los exitos iniciales.
Mas alla de los beneficios individuales para las mujeres y sus familias, esta medida tambien tiene un impacto positivo en las comunidades locales, al involucrar a las internas en proyectos que mejoran la calidad de vida en sus entornos. Entre las tareas que realizan se incluyen labores en sectores como la educacion, la salud y el mantenimiento de espacios publicos, lo que contribuye a su reintegracion social y al desarrollo de un sentido de responsabilidad comunitaria.
