Bogotá - El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la declaración de emergencia carcelaria en todo el país como respuesta a los recientes actos de violencia dirigidos contra varios guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La medida, comunicada en una conferencia de prensa, tiene como objetivo principal salvaguardar la vida y la integridad del personal penitenciario ante el incremento de amenazas y ataques registrados en diversos centros carcelarios. Osuna, acompañado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, y el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, subrayó la gravedad de la situación y la necesidad urgente de tomar medidas para contrarrestarla.
En este contexto, se destacó la asignación de fiscales por parte de la Fiscalía General de la Nación para investigar los homicidios de los guardias del Inpec y los casos de extorsión dentro de las cárceles. Asimismo, se descartó cualquier posibilidad de negociación con grupos criminales como 'La Inmaculada', según lo afirmado en conversaciones oficiales.
La declaración de emergencia carcelaria surge como respuesta a hechos violentos recientes, incluyendo el asesinato de un guardia del Inpec en Cartagena y un atentado en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, que dejó varios funcionarios heridos. Esta medida facultará al gobierno para solicitar apoyo policial y militar cuando sea necesario, con el fin de garantizar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
Además, se destacaron acciones específicas que se llevarán a cabo dentro del marco de la emergencia, como el bloqueo de señales de telefonía dentro de las cárceles y la implementación de medidas de seguridad adicionales para proteger al personal del Inpec. Se mencionó también la posibilidad de realizar cambios en las visitas a los internos, priorizando las visitas virtuales como medida preventiva.
El anuncio de la emergencia carcelaria se enmarca en una serie de acciones dirigidas a combatir la extorsión y mejorar las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario. La complejidad de la situación, especialmente en zonas como Tuluá, Valle del Cauca, donde se ha reportado un aumento de la violencia contra el personal del Inpec, hace imperativa la adopción de medidas urgentes para proteger a los funcionarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las prisiones en todo el país.
