El Presidente Gustavo Petro ha decidido tomar el control de las comisiones reguladoras de servicios públicos y el viernes se dio a conocer el proyecto de decreto que lo pondrá en marcha.
El objetivo de esta iniciativa es reasumir las funciones de regulación de energía y gas, así como de agua potable y saneamiento básico, que fueron delegadas por el gobierno en 1994.
El Presidente buscará el apoyo técnico de estas comisiones y entidades para cumplir con sus responsabilidades, y asegurará la transparencia y la participación ciudadana en todas las actuaciones relacionadas con esta materia. El decreto establece los lineamientos generales para las disposiciones regulatorias, que deben estar sujetos a los principios, fines y valores constitucionales y legales, y garantizar la eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria.
“Reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el Presidente de la República”, puntualiza el documento.
De igual forma, precisa que “en consecuencia, las comisiones de regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente decreto”
Sin embargo, hay preocupación entre los expertos sobre el riesgo de que el rigor técnico de las comisiones sea reemplazado por criterios políticos, lo que podría poner en peligro la estabilidad del sistema de abastecimiento eléctrico.
Al respecto, El analista de Redprensa para asuntos de energía, el ingeniero Barranquillero Ray Miller, de Sinergia Consulting Group, señala la importancia de encontrar un equilibrio entre el sector público y privado en la inversión en servicios públicos. Miller argumenta que la incertidumbre en la inversión podría desestabilizar la calidad y continuidad del servicio y alejar a los inversionistas, pero también reconoce la necesidad de una conciliación entre los inversionistas y el gobierno, que actúa en representación de la ciudadanía.
Miller también destaca la importancia de evitar los errores del pasado, como el gran apagón, que fue causado por una combinación de falta de inversiones en la infraestructura eléctrica, falta de regulación gubernamental y mala gestión estatal. Por esta razón, Miller aboga por la adopción de nuevas directrices sectoriales basadas en criterios técnicos y no en criterios políticos o clientelistas.
