Colombia - El Congreso de la República ha frustrado el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2025, presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión se tomó durante una sesión en el salón elíptico del poder legislativo, y la falta de votación implica que el Gobierno deberá emitir su presupuesto por decreto, como lo establece la ley, debido a que debe ser aprobado antes del 25 de septiembre de cada año.
El proyecto de presupuesto, que contemplaba un gasto de 523 billones de pesos, de los cuales 12 billones no contaban con financiación asegurada, no logró el respaldo esperado. Varios parlamentarios de partidos políticos independientes y de oposición abandonaron la sala, descomponiendo el cuórum necesario para llevar a cabo la votación. Esta maniobra fue vista como una estrategia deliberada para evitar que el proyecto avanzara, evidenciando la polarización en el Legislativo.
El presidente de las comisiones conjuntas, Eliécer Salazar del Partido de la U, anunció el levantamiento de la sesión ante la evidente falta de quórum. "Tendremos presupuesto por decreto", confirmó el representante, subrayando la situación de descontento en el Congreso. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lamentó la imposibilidad de concertar el proyecto y enfatizó que el Gobierno se verá obligado a utilizar argumentos legales para implementar el presupuesto.
La situación del presupuesto ya mostraba señales de crisis desde semanas antes, cuando las comisiones no lograron llegar a un acuerdo sobre el monto global. Esta incapacidad refleja la falta de apoyo mayoritario para el Gobierno en las dos comisiones que evalúan el presupuesto. Este panorama ha sido constante durante la administración de Petro, quien enfrenta oposición en el Senado y en la Cámara de Representantes.
Un aspecto central de la controversia son los recortes propuestos en el presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que pasarían de 3,24 billones de pesos a 732.220 millones. Esta reducción ha generado preocupación entre los legisladores, especialmente porque se prevé que el próximo año se requiera una logística electoral robusta en preparación para las elecciones de 2026, cuando se renovarán tanto el Legislativo como el Ejecutivo.
La senadora Angélica Lozano, del partido Verde, fue una de las voces que se alzó en defensa de un presupuesto más equilibrado. “Esto es gravísimo y pone en riesgo las elecciones”, advirtió, señalando que la propuesta de presupuesto contenía alarmantes disminuciones en el financiamiento de la Registraduría. El impacto de estas reducciones podría comprometer la efectividad de la logística electoral, lo que a su vez podría alterar el normal desarrollo del proceso democrático en el país.
Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral también enfrenta un recorte en su presupuesto, que pasaría de 1,06 billones de pesos a 488.867 millones. Esta reducción se da en un contexto donde la credibilidad de la institución ha sido cuestionada, especialmente después de las críticas del presidente Petro, quien ha calificado al Consejo de "golpista". La disminución de recursos destinados a este órgano podría afectar su capacidad de realizar auditorías y supervisiones adecuadas.
La decisión del Congreso de no aprobar el presupuesto tiene repercusiones inmediatas en la gestión del gasto público y podría sentar un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en los próximos años. La polarización política y la falta de diálogo constructivo se han convertido en constantes, lo que impide alcanzar consensos en temas cruciales como el presupuesto.
Esta es la primera vez en la historia que sucede algo así en el Senado y la Cámara de Representantes, que se enfocaron en hacer señalamientos de falta de transparencia en el Ministerio de Hacienda, como denunció la oposición, y de intenciones ocultas de llevar al país a este escenario de incertidumbre fiscal por medio de “jugaditas”, según lo expresó el presidente de las comisiones económicas, Jorge Eliécer Salazar.
