El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado la posibilidad de una alianza estratégica entre Ecopetrol y la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, para la exploración conjunta de campos de gas y petróleo en territorio venezolano. Durante una reunión en Caracas, Petro afirmó: "Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y campos de petróleo".
Estas declaraciones no solo han suscitado interrogantes, sino también críticas, especialmente provenientes del senador David Luna Trino, quien expresó en un trino completo: "@petrogustavo, usted como siempre haciendo maromas discursivas para justificar lo injustificable. Lo dijo usted en campaña, lo dijo su ex Ministra de Minas Irene Vélez y lo dijo su presidente de Ecopetrol: no se firmarán nuevos contratos de exploración en Colombia para 'cuidar el planeta'. ¿Entonces no hay una contradicción absoluta al invertir en Venezuela? Vea pues, allá el petróleo mágicamente no contamina, pero acá sí".
La propuesta de Petro para una alianza entre Ecopetrol y PDVSA se vislumbra como una posible apertura a una colaboración estratégica entre las dos estatales. Según Carlos Asturio Sáenz, analista de petróleos, la iniciativa podría resumirse en un 'tú me ayudas, yo te ayudo', donde Venezuela se beneficiaría de las condiciones ventajosas de La Guajira para energías limpias, mientras Colombia invertiría en la exploración en suelo venezolano.
Pese a la visión optimista, expertos como el concejal electo, Daniel Briceño, han recordado que PDVSA sigue en la Lista Clinton, lo que representa un desafío significativo para las negociaciones directas con Colombia. La propuesta también ha sido objeto de críticas en redes sociales, donde se cuestiona la coherencia en la política ambiental de Petro.
Aunque la posible asociación entre Ecopetrol y PDVSA está en una etapa inicial y su viabilidad plantea desafíos, el presidente colombiano sostiene que esta colaboración aseguraría energía eléctrica para Venezuela y materias primas fósiles para Colombia. El anuncio ha marcado un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre ambos países, generando un debate no solo sobre la viabilidad económica de la propuesta, sino también sobre su coherencia ambiental y política.
