Colombia – Un borrador de decreto del Gobierno plantea eliminar la exención de la contribución de solidaridad en el sector eléctrico, lo que se traduciría en un aumento cercano al 20% en la tarifa de energía para industrias, comercios y hogares de estratos 5 y 6. Según el Ministerio de Hacienda, la medida permitiría un ahorro fiscal de $1,2 billones y un recaudo de $1,4 billones para aliviar el déficit del Fondo de Solidaridad que financia subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
El proyecto, firmado por el Ministerio de Hacienda y avalado por el Ministerio de Minas y Energía, busca concentrar el beneficio únicamente en las industrias manufactureras registradas en el Registro Único Tributario (RUT) bajo los códigos 101 al 332 de la clasificación CIIU Rev. 4 A.C. “El alivio tributario debe estar focalizado en los sectores que realmente dependen de la competitividad energética”, argumenta el borrador que cuenta con la firma del ministro Germán Ávila Plazas y del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.
De concretarse, sectores como agricultura, minería, construcción, energía y agua deberán volver a pagar la contribución solidaria que financia subsidios para los estratos 1, 2 y 3. En términos prácticos, esto significa que buena parte de las empresas que hoy no cubren este costo, perderían el beneficio, quedando únicamente las manufactureras con la exención.
El borrador se apoya en un ejercicio técnico realizado por el Ministerio de Hacienda que simuló el efecto de un aumento del 20% en el costo de la energía sobre distintas actividades económicas. El resultado mostró que la industria manufacturera sería la más sensible, con un incremento estimado del 0,31% en sus costos de producción. Le siguen la explotación de minas y canteras (0,18%), el agropecuario (0,13%) y la construcción (0,09%).
De acuerdo con la memoria justificativa, la exención vigente tiene un costo fiscal aproximado de $2,8 billones anuales. Restringirla exclusivamente al sector manufacturero permitiría ahorrar alrededor de $1,2 billones y mejorar la sostenibilidad del Fondo de Solidaridad. El documento señala que esta reasignación es necesaria para garantizar que los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 no sigan generando presiones sobre la deuda pública.
Las empresas prestadoras del servicio deberán exigir a los usuarios industriales que soliciten la exención la presentación de un RUT actualizado con una vigencia no mayor a 30 días. Además, se requerirá que esta información se actualice cada seis meses. En caso de que la actividad económica registrada no corresponda con la realmente desarrollada, la empresa prestadora estará obligada a notificar a la DIAN.
El Gobierno defiende que los sectores agropecuario, construcción, minería, electricidad y comunicaciones cuentan con márgenes de rentabilidad más amplios o beneficios tributarios mayores que les permiten asumir el costo adicional de la contribución solidaria. En contraste, el sector manufacturero muestra menores márgenes después de impuestos, lo que lo hace más vulnerable a cambios en las tarifas de energía.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al instante! ►▓▓◄
La memoria justificativa también resalta que la presión fiscal del Fondo de Solidaridad ha crecido de manera sostenida desde 2005, aumentando la carga sobre el Presupuesto General de la Nación. “La reasignación de exenciones permitirá mejorar el flujo de caja y aliviar las cuentas del Estado”, se lee en el documento del Ministerio de Hacienda.
El decreto prevé que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios defina los formatos para el reporte de beneficiarios y que las empresas comercializadoras de energía sean responsables por la calidad de la información entregada. Asimismo, se establecen sanciones en caso de que se detecten inconsistencias en la clasificación de los usuarios.
Desde el sector privado, las alarmas ya están encendidas. El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico manifestó su “profunda preocupación” por la propuesta, al considerar que un aumento de esta magnitud afectará directamente la competitividad empresarial y los precios al consumidor. “Esta iniciativa representaría un golpe directo a la formalidad y al bolsillo de millones de colombianos”, advirtió el comunicado.
El Comité recordó que micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 90% del tejido empresarial en la región Caribe, serían las más afectadas por el ajuste. “Un aumento del 20% en los costos operativos se trasladará inevitablemente a los precios de productos y servicios”, explicó Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, quien pidió al Gobierno reconsiderar la propuesta y abrir un diálogo con los gremios.
El comunicado gremial califica la medida como inflacionaria, en un momento en que la economía apenas comienza a estabilizarse tras varios años de alta inflación. Los empresarios piden alternativas sostenibles que no comprometan la competitividad ni la capacidad de consumo de los hogares.
La iniciativa también se articula con la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), creado en el Plan Nacional de Desarrollo como mecanismo para focalizar de manera más eficiente los subsidios sociales, incluidos los de energía.
La propuesta aún se encuentra en etapa de borrador y su discusión podría incluir observaciones de gremios empresariales y ciudadanos antes de su firma definitiva.
.Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
