Colombia - El Gobierno Nacional ha presentado un nuevo proyecto de ley de financiamiento al Congreso, diseñado para modificar el sistema tributario del país. La propuesta, expuesta por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, incluye varios cambios en el esquema fiscal, con el objetivo de estimular la economía y mejorar la recaudación de ingresos.
La reforma propone una reducción progresiva de la tasa del Impuesto a la Renta Corporativa. Actualmente en 35%, se reducirá a un 27% para las pequeñas empresas en un periodo de cinco años. Esta medida también afectará a medianas y grandes empresas, aunque a un ritmo más gradual. La reducción está diseñada para aliviar la carga fiscal sobre las empresas, con excepción de los sectores de petróleo y carbón, que mantendrán sus tasas actuales. Este ajuste busca mejorar la competitividad empresarial y fomentar la inversión.
El proyecto de ley introduce un impuesto al carbono y un IVA para los juegos de azar operados exclusivamente en línea. Se proyecta que estas nuevas medidas generen ingresos adicionales de aproximadamente $12 billones de pesos para 2025, equivalente al 0,7% del PIB. El impuesto a los juegos de azar en línea se estima que será la mayor fuente de ingresos, con una proyección de más de $14 billones en seis años. Por su parte, el impuesto al carbono tendrá una proyección de recaudo de $1,3 billones, contribuyendo al esfuerzo del Gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los cambios más destacados es la eliminación del Régimen Simple de Tributación (RST), que se implementará a partir del año gravable 2025. La reforma argumenta que el RST no ha cumplido su propósito de promover la formalización empresarial y ha sido utilizado por empresas ya establecidas para reducir su carga fiscal. Las personas naturales y jurídicas deberán trasladarse a los regímenes tradicionales con tarifas marginales para el Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas (IRPJ). Este cambio busca asegurar una mayor equidad en el sistema tributario.
La reforma también propone cambios en los incentivos para vehículos eléctricos. La propuesta incluye la eliminación de ciertos beneficios fiscales, lo que se espera que genere aproximadamente $37.000 millones en 2025 y un total de $268.000 millones en los próximos seis años. Esta medida ha generado preocupación debido a la reciente disminución en la venta de vehículos híbridos, que en los últimos años ha mostrado una tendencia a la baja. La eliminación de estos incentivos podría afectar aún más las ventas en el sector.
Además, el Gobierno Nacional busca imponer un impuesto a plataformas de alojamiento, como Airbnb, que operan en el país. Esta medida tiene el objetivo de regular y gravar el mercado de alquileres temporales, que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El impuesto a Airbnb y otras plataformas similares se propone como un esfuerzo para asegurar una competencia más justa con el sector hotelero y aumentar la recaudación fiscal.
El proyecto de ley contempla un ajuste de la regla fiscal, con el objetivo de alcanzar un superávit del 0,3% del PIB para el próximo año. Este ajuste busca aumentar los márgenes de gasto del Gobierno y se basa en un desempeño fiscal positivo observado en los últimos años. Sin embargo, la efectividad a largo plazo de este ajuste sigue siendo objeto de debate entre los expertos, quienes cuestionan su impacto real en la estabilidad fiscal y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus metas económicas.
El Senado y la Cámara de Representantes están revisando el proyecto de ley. El Ministerio de Hacienda deberá coordinar la propuesta junto con el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. El debate en el Congreso será clave para determinar la viabilidad y el alcance de las reformas propuestas, en un ambiente político que podría influir en la aprobación final de la ley.
Este proyecto de ley de financiamiento se presenta en un contexto en el que el Gobierno Nacional busca fortalecer el sistema fiscal y apoyar la reactivación económica. La implementación de estas medidas dependerá de su discusión y aprobación en el Congreso, así como de su capacidad para abordar los desafíos fiscales y económicos del país.
