Bogotá - Reducir producción de petróleo y carbón podría tener un alto costo en términos de empleo, según un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en colaboración con la CEPAL y la Agencia Francesa para el Desarrollo. El informe, que evaluó el impacto de reducir a la mitad la producción de petróleo y carbón en Colombia, revela cifras preocupantes.
El estudio se enfocó en los departamentos carboníferos del país, que incluyen a Cesar, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander, así como los departamentos petroleros de Arauca, Casanare, Meta, Santander y Putumayo. Según sus hallazgos, esta reducción provocaría una disminución del 12,1% en la producción petrolera y un 11,8% en la producción de carbón, lo que conllevaría la pérdida de entre 117 y 145 mil empleos.
Sin embargo, esta preocupante cifra podría aumentar significativamente si se tienen en cuenta los sectores relacionados. De acuerdo con el estudio, la disminución en la producción de petróleo y carbón podría resultar en la pérdida de hasta 400.000 empleos en total.
Además del impacto en el empleo, el informe también señala que la economía del país sufriría consecuencias adversas. El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia podría retroceder en un 3,5% si no se implementa una transición gradual en la reducción de la producción de petróleo y carbón. Además, la pobreza podría aumentar casi un 5%.
El estudio recomienda al Gobierno colombiano buscar incentivos para impulsar la producción en sectores como la agricultura, la agroindustria y el turismo a nivel departamental. No obstante, advierte que esto no mitigaría por completo los efectos negativos de la descarbonización.
En cuanto a las políticas de subsidios, el informe sugiere que, si bien pueden reducir la probabilidad de que los hogares caigan en la pobreza, no contribuyen a aliviar los efectos adversos en el empleo y la producción. Además, se subraya la importancia de considerar su financiamiento en este contexto.
Este estudio plantea un desafío importante para el Gobierno colombiano, que debe equilibrar la necesidad de abordar la sostenibilidad ambiental con la preservación de empleos y el crecimiento económico en un momento crucial para el país.
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