Barranquilla – La Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo real de una crisis energética en Colombia si el Gobierno no toma decisiones inmediatas para resolver problemas de subsidios, generación y transmisión de electricidad.
El anuncio lo hizo el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante el 12° Foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), celebrado en Barranquilla. Allí advirtió que la sostenibilidad del sistema eléctrico está en juego y que la falta de gestión oportuna podría impactar la calidad de vida de millones de colombianos.
“Sin un sistema energético robusto, la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos están en riesgo”, subrayó el jefe del organismo de control. Según él, el país necesita medidas inmediatas que fortalezcan la capacidad del sector para garantizar energía confiable y a precios justos.
El corazón del problema está en dos frentes: la deuda acumulada en subsidios y los retrasos en los proyectos de generación y transmisión.
La deuda de subsidios supera los $5 billones que el Gobierno Nacional debe a empresas prestadoras de energía eléctrica y gas. Aunque en mayo de 2025 el Ministerio de Minas y Energía desembolsó $2,5 billones para cubrir obligaciones del año anterior, los pasivos siguen creciendo sin respaldo presupuestal claro.
De acuerdo con la Contraloría, esta situación no solo amenaza las finanzas de las compañías que sostienen el sistema, sino que también puede afectar a los usuarios más vulnerables que dependen de los subsidios para acceder al servicio. Por eso, el organismo pidió una reforma estructural en la gestión de estos pagos, que incluya la actualización de fórmulas tarifarias, incentivos a la eficiencia y un mecanismo de medición de impacto real.
Además del frente financiero, el sistema enfrenta un déficit técnico. Tras la subasta de cargo por confiabilidad realizada en febrero de 2024, se adjudicaron 4.489 megavatios de capacidad, principalmente de origen solar. Sin embargo, el contralor advirtió que el país aún no cuenta con la firmeza suficiente para responder al crecimiento de la demanda, que ya supera el 7% anual.
El panorama en transmisión es igualmente complejo. De los 16 proyectos estratégicos registrados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 14 presentan retrasos con un promedio de 30,7 meses. A esto se suma el desgaste de las líneas actuales, muchas de las cuales llevan más de 35 años en funcionamiento. Según Rodríguez Becerra, este atraso pone en riesgo la estabilidad del sistema y aumenta la posibilidad de apagones o fallas de gran escala.
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Para enfrentar estos riesgos, la Contraloría anunció la creación de un tablero de control y seguimiento en tiempo real. Esta herramienta permitirá verificar mensualmente las apropiaciones y pagos de subsidios, además de identificar responsabilidades institucionales para evitar la acumulación de deudas. “Hemos priorizado este tema en nuestra agenda de vigilancia preventiva y concomitante”, señaló el contralor.
En paralelo, el organismo de control recordó que la ejecución presupuestal debe hacerse dentro de la vigencia anual correspondiente. El contralor advirtió que los recursos para subsidios y proyectos energéticos no pueden depender de decisiones tardías o trámites extendidos, dado que son necesidades periódicas y predecibles.
En ese sentido, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 contempla un aumento significativo en los recursos destinados al Ministerio de Energía. La expectativa es que esos fondos permitan cubrir de forma adecuada los subsidios previstos y eviten la acumulación de nuevas deudas.
Durante el foro, el contralor también hizo un llamado a la planeación a largo plazo. Explicó que el país no puede seguir dependiendo de decisiones fragmentadas y urgentes. La institucionalidad debe fortalecer los procesos de ejecución y fiscalización para garantizar energía de calidad y precios razonables para todos los usuarios.
El mensaje fue claro: si el sistema no se fortalece, los riesgos de desabastecimiento crecerán y la economía colombiana podría enfrentar un panorama complejo. La falta de transmisión oportuna, la deuda de subsidios y el aumento sostenido de la demanda forman una mezcla que, de no atenderse, afectará tanto a hogares como a empresas.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, la Contraloría destacó que aún hay margen para corregir el rumbo. Con recursos bien ejecutados, una gestión fiscal clara y el cumplimiento de los cronogramas de infraestructura, el sector energético puede estabilizarse y acompañar el crecimiento económico.
El sector privado también está a la expectativa. Empresas generadoras y distribuidoras de energía han advertido que el rezago en pagos de subsidios afecta su liquidez y pone presión sobre la inversión. La claridad en las reglas de juego, según han expresado en escenarios públicos, es clave para mantener la confianza y garantizar proyectos de largo plazo.
Rodríguez Becerra cerró su intervención en Barranquilla insistiendo en que la sostenibilidad energética no puede depender de improvisaciones. “Colombia necesita una institucionalidad sólida, una planeación rigurosa y una ejecución oportuna de los recursos públicos para que la energía llegue con calidad y eficiencia a todos los ciudadanos”, afirmó.
